La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, alerta de que el servicio de mantenimiento del Complejo Hospitalario Torrecárdenas de la capital y La Inmaculada en Huércal-Overa está en peligro a causa de un previsible despido colectivo por parte de la empresa concesionaria Concentra que afectaría a cerca de 40 de trabajadores en la provincia. Desde el sindicato critican que ni el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ni la dirección de ambos hospitales hayan tomado medidas para evitar que estos empleados vean amenazado su futuro y que este servicio, esencial en unas instalaciones de este tipo, se vea perjudicado y por ende la calidad asistencial que reciben los ciudadanos, ya que se trata de un problema que venía anunciándose desde hace meses.
Tal y como han informado los trabajadores de C.H. Torrecárdenas, donde tiene representación este sindicato, la empresa ya ha dejado de pagar las nóminas del pasado mes de febrero y las guardias, incumpliendo así el contrato con el SAS, y la plataforma electrónica por la que los empleados recibían las órdenes de trabajo ha dejado de funcionar, teniendo que ser los jefes de servicio los que de manera repentina y provisional tengan que repartir el trabajo. También denuncian que en estas últimas semanas han detectado falta de material para el desempeño correcto de su trabajo. Asimismo, señalan que los delegados han sido convocados este 9 y 10 en marzo en Madrid, donde tiene sede la empresa, para ser informados “de los plazos administrativos del despido colectivo”.
Ante esta situación, desde CSIF Almería exigen a la administración medidas urgentes para evitar que un posible impasse en la prestación de este servicio afecte a la seguridad y estabilidad económica de los trabajadores y a la calidad asistencial que reciben los usuarios. Así, critican que, una vez más, sean los trabajadores y la ciudadanía en general los que sufran las consecuencias de esta lamentable gestión.
Por último, CSIF Almería señala que estará vigilante para que la quiebra inminente de esta empresa no tenga consecuencias sobre los trabajadores ni usuarios de la sanidad pública.
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