sábado, 24 de septiembre de 2011

Huércal-Overa, condenada a pagar 2,7 millones al ex alcalde del PP

Carmen López   [ 24/09/2011 - 07:00 ]


El anterior equipo de Gobierno paralizó las obras de un edificio “indebidamente”, según la sentencia. El juez llega a calificar la actuación municipal de "conducta contumaz y obstativa" al considerar que el equipo de Gobierno "se empestiñó" en mantener la paralización.


El pasado 8 de septiembre el juez Jesús Rivera condenó al Ayuntamiento de Huércal-Overa a pagar a la mercantil Inversiones y Gestiones Huércal-Overa, propiedad de Diego Ortega, ex alcalde del municipio por el PP y durante dos legislaturas portavoz del Grupo Popular en la oposición. 

Según la sentencia a la que ha tenido acceso LA VOZ, la sentencia obliga al consistorio huercalense a abonar 2.325.884 euros, “más los intereses legales de dicha cantidad” que se hayan generado desde junio de 2009, fecha en que se reclamó dicha cantidad por vía administrativa. Por lo que la cifra superaría los 2,7 millones de euros. 

El anterior equipo de Gobierno paralizó las obras de construcción del llamado edificio de Las Monjas por un exceso de altura de 12 centímetros y mantuvo la suspensión “después de la aprobación definitiva del nuevo PGOU”, lo que el juez considera “improcedente”, entendiendo que “su prolongación en el tiempo produjo, objetivamente, daños evaluables económicamente” que la empresa no tiene por qué soportar, según Rivera. 

El texto de la sentencia dice también que el ayuntamiento huercalense se “empestiñó” en continuar con la paralización de las obras, incluso después de una sentencia de 2007 a favor de la empresa, después de la cual -dice el texto- incluso se produjeron actos contrarios a la misma “con mayor obstinación”. Por ello, Rivar llega a calificar la actuación municipal de “conducta contumaz y obstativa”. 

La sentencia puede recurrirse bien ante el Contencioso Administrativo, bien ante el TSJA, lo que supondría demorar el pago. El actual equipo de Gobierno, del PP, está estudiando si recurrirla o no, ante los posibles mayores perjuicios que podría ocasionar y se plantea negociar con el afectado.
El portavoz del anterior equipo de Gobierno socialista Antonio López Olmo, por su parte, asegura que no comparte la sentencia y estima que “debe ser recurrida inmediatamente”. Cree que hay “muchas posibilidades de que el recurso prospere”, al margen de estimar que “la indemnización es desorbitada”